Cuando en un acuerdo colectivo se establecen aumentos salariales con efectos retroactivos, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede con los trabajadores que ya no forman parte de la empresa al momento de la firma? Aunque no integren ya el plantel, estas personas quedan alcanzadas por el acuerdo en virtud de la retroactividad pactada, lo que abre el debate sobre el verdadero alcance de esos beneficios y sus efectos prácticos.
El conflicto se plantea entre dos derechos constitucionales de igual jerarquía. Por un lado, el derecho de propiedad del empleador, que cumplió en tiempo y forma con las obligaciones vigentes al momento de la desvinculación. Por el otro, el derecho de los trabajadores a la igualdad y a percibir una remuneración justa. La jurisprudencia más reciente ha resuelto esta tensión inclinándose por el principio protectorio, subrayando que excluir a los desvinculados implicaría un trato desigual frente a quienes permanecieron en la empresa pese a haber estado en idéntica situación durante el período retroactivo.
En esa línea, distintos tribunales han reconocido que los aumentos retroactivos deben beneficiar también a quienes se desvincularon antes de la firma de los acuerdos colectivos, siempre que hubieran trabajado durante el lapso abarcado por la retroactividad. Se trata de una consecuencia lógica de la finalidad protectoria de la negociación colectiva, del principio de intangibilidad salarial y del mandato constitucional de garantizar igualdad y remuneración justa.
Este criterio tiene además un efecto práctico de gran relevancia: no sólo implica el pago de los incrementos salariales que no se habían otorgado oportunamente, sino también el reajuste de las liquidaciones finales y de las eventuales indemnizaciones abonadas al momento del despido. Estas sumas deben recalcularse considerando como nueva base salarial la que surge de los aumentos retroactivos.
