La Resolución General 5923/2026 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial, reglamenta la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal dispuesta por la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía.
La medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2027 y alcanza, entre otros sujetos, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026 y se encuentren correctamente caracterizadas en el Sistema Registral de ARCA.
Quiénes quedan comprendidos
También quedan comprendidas las personas humanas y sucesiones indivisas identificadas por el organismo como pequeños contribuyentes, conforme los parámetros establecidos por la propia administración fiscal. La ampliación de sujetos alcanzados refleja un esfuerzo del gobierno por proteger a sectores en dificultades durante este período de transición.
Efectos prácticos
En términos prácticos, la reglamentación implica que ARCA no iniciará nuevas ejecuciones fiscales ni trabará determinadas medidas cautelares respecto de los contribuyentes alcanzados durante el período de vigencia del régimen. Se trata de una herramienta que puede resultar especialmente relevante para empresas con dificultades de liquidez o que mantienen obligaciones fiscales y previsionales pendientes.
No obstante, la suspensión no implica una condonación ni extingue las deudas existentes. Las obligaciones continúan vigentes y pueden seguir devengando los accesorios correspondientes. La medida únicamente limita temporalmente la utilización de determinados mecanismos judicales de cobro.
Limitaciones y excepciones
Además, ARCA conserva la facultad de avanzar con acciones cuando exista grave afectación de los intereses fiscales, riesgo de caducidad de instancia o prescripción inminente. Por lo tanto, la protección no opera de manera absoluta.
En MYA Abogados podemos ayudarlo a interpretar cómo esta reglamentación se aplica a su situación particular y cuáles son las medidas que conviene adoptar para mantener esta protección vigente.
