El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto 1252/2026, mediante el cual incorpora formalmente a los técnicos universitarios en emergencias de salud dentro de las actividades de colaboración de la medicina y la odontología previstas por la Ley 17.132. La medida establece por primera vez un marco específico para el ejercicio de esta actividad.
La medida resulta especialmente relevante para empresas de emergencias médicas, servicios de ambulancias y prestadores de atención prehospitalaria.
La norma dispone que sólo podrán desempeñarse como técnicos universitarios en emergencias de salud aquellas personas que cuenten con el título correspondiente expedido por universidades o instituciones oficialmente reconocidas. De esta manera, se incorpora un requisito formal de habilitación profesional que deberá ser tenido en cuenta por los empleadores al momento de contratar personal o asignar funciones dentro de los equipos de atención de emergencias.
Condiciones de ejercicio
El decreto establece además que estos técnicos podrán desarrollar sus tareas exclusivamente en ambulancias habilitadas y bajo supervisión médica directa o indirecta. Este punto tiene especial relevancia para la organización interna de los prestadores, ya que obliga a revisar los esquemas de cobertura, las funciones asignadas al personal técnico y los mecanismos de supervisión médica aplicables en cada servicio.
Impacto laboral
Desde la perspectiva laboral, la norma no modifica directamente las remuneraciones ni las condiciones establecidas en los convenios colectivos aplicables al sector. Sin embargo, sí delimita las condiciones legales para el ejercicio de determinadas tareas y, por lo tanto, puede tener incidencia sobre la descripción de puestos, los requisitos de contratación, los protocolos internos y la distribución de responsabilidades dentro de los equipos de emergencia.
Acciones recomendadas para empleadores
Para las empresas del sector será especialmente importante verificar que el personal que actualmente cumple estas funciones cuente con las titulaciones exigidas, que las unidades móviles se encuentren debidamente habilitadas y que exista un esquema de supervisión médica compatible con las nuevas exigencias. La regulación también puede resultar relevante a la hora de determinar responsabilidades frente a eventuales incidentes vinculados con la prestación del servicio o con la asignación de funciones que excedan las competencias habilitadas.
