El departamento de RRHH de una empresa puede recibir muchos documentos judiciales, a los que siempre se les debe prestar mucha atención. Si bien los expedientes digitales han reducido la cantidad de papel que se recibe, uno igualmente siempre debe estar atento a los casilleros electrónicos constituidos para evitar pasar por alto alguna notificación importante. Para evitar problemas, habría que establecer una regla que diga que toda notificación judicial, sea cual fuese, debe ser informada y merece una respuesta. Luego, existirán casos que no la ameriten, pero mejor pensar en responder siempre que ser pasibles de una multa -o algo peor- por no haber atendido la notificación.
Un caso muy común es el de los oficios judiciales, que puede tratarse de un medio de prueba en el juicio (los clásicos oficios que solicitan datos con respecto a un empleado, ex empleado o bien proveedor o cliente) u oficios que notifiquen medidas judiciales a aplicar, como los embargos sobre los sueldos de los empleados. Estos últimos siempre tienen que ser debidamente verificados y, ante cualquier duda, es importante consultar con los abogados para analizar el verdadero alcance de la medida ordenada, pero lo que nunca puede suceder es la inacción, ya que eso puede llevar a multas o incluso a responsabilidad solidaria por parte de la empresa cuando se trate de deudas alimentarias conforme el art. 551 del Código Civil y Comercial.
Como ejemplo de ello, vemos lo que sucedió con una conocida cadena de supermercados en autos “TRUST FUNDS S.A. C/ CASTILLO ESCOBEDO, ROMARIO ABRAHAM S/ EJECUTIVO” donde los jueces de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le impusieron una multa de $17.000 por no haber cumplido con un embargo judicial ordenado en el expediente. Probado que el oficio mediante el cual se comunicó la medida fue debidamente recibido por el supermercado, los jueces de primera instancia utilizaron la potestad de aplicar sanciones pecuniarias para procurar castigar a quien no cumpla con su orden.
Probablemente se evidencie con mayor intensidad la necesidad de dar respuesta a las comunicaciones judiciales si decimos que el empleado en cuestión, sobre quien se había trabado el embargo de una parte de su salario, ya había sido desvinculado de la empresa, lo que hacía materialmente imposible el cumplimiento de la manda judicial. Sin embargo, esto recién fue informado una vez que la multa ya había sido impuesta y al momento de apelarla, por lo que dicha circunstancia no impidió que los jueces obliguen igualmente a la cadena al pago de aquélla.
A modo de resumen, es de fundamental importancia concientizar a todos los empleados de la empresa a tratar con cuidado e informar en cuanto aparezca alguna notificación u oficio judicial a los fines de evitar este tipo de inconvenientes que pueden repercutir en el patrimonio de las compañías.
